La decisión de decretar el estado de alarma en todo el país sorprendió a muchos españoles con el brazo apoyado en la barra del bar, a pesar de que la voluntad de bloquear la nación había sido adelantada el día anterior, información que empujó a muchos compatriotas -algunos probablemente infectados o incluso ya enfermos- a abandonar sus domicilios habituales ese mismo viernes con destino a sus residencias vacacionales. La siembra generalizada del COVID-19 fue inmediata. El domingo 15 de Marzo se decretó el confinamiento obligatorio en los hogares de la mayor parte de la población, salvo algunas excepciones que al principio no quedaron nada claras y que requirieron correcciones normativas constantes durante los días posteriores. La primera semana de prisión preventiva generalizada fue aceptada por casi todos los españoles como unas vacaciones forzosas, únicamente perturbadas por los inevitables roces fruto de la convivencia y por la presencia de los niños en todas las casas, tras la suspensión de cualquier tipo de actividad educativa. Aquellos que no pudieron acogerse al teletrabajo, se vieron instados a acudir a trabajar, unos obligados por sus empresas y otros -autónomos y pequeños empresarios- acuciados por sus pagos y obligaciones fiscales que el gobierno cruelmente se negó a suavizar, derogar ni fraccionar. De manera inconcebible, en lugar de anular impuestos se prefirió obligar a solicitar créditos para que los ciudadanos siguieran pasando por la taquilla tributaria.
Al principio de la segunda semana de confinamiento -no de cuarentena como muchos periodistas afines al poder se empeñaron en calificar a ese arresto domiciliario generalizado- empezaron a ponerse las cosas un poco más feas. El gobierno adelantó que sería necesario prorrogar el estado de alarma al menos durante un mes, el número de infectados y fallecidos -especialmente en Madrid y Cataluña- continuaba creciendo sin freno y se cebaba con saña en las residencias de ancianos, verdaderos agujeros negros de la pandemia, que se convirtieron en algo similar a las antiguas leproserías, sin apoyo institucional alguno y con los materiales de protección más rudimentarios. Más del 65% de los fallecimientos por el COVID-19 se produjeron en este tipo de centros, algunos de cuyos pacientes ni siquiera llegaron a ser trasladados a los hospitales, siguiendo los abyectos protocolos de Sanidad que -priorizando la atención de los enfermos con más probabilidades teóricas de superar la infección- condenó a muerte a toda una generación de españoles. Optimización de recursos o eutanasia selectiva, cada uno es libre de pensar lo que quiera. Tristemente, aquello que no había conseguido una guerra civil, lo logró el estado por orden ministerial setenta años más tarde. Para cuando la Unidad Militar de Emergencias recibió la orden de desinfectar los centros de mayores para algunos de ellos ya era demasiado tarde, llegando a encontrarse con residentes sin cuidados e incluso alguno fallecido, como sucedió en Manresa y en Valladolid.
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| En color las infectadas por coronavirus en la manifestación del 8-M |
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| De bien nacidos es ser agradecidos... |
Una nueva rectificación del Ministerio de Sanidad, renunciando tras seis días a su idea inicial de centralizar las compras de material sanitario, permitió al fin que los gobiernos autonómicos pudieran salir al mercado a buscar los trajes de protección, las mascarillas y los respiradores, absolutamente imprescindibles para que el personal sanitario pudiera luchar contra la enfermedad sin necesidad de tener que utilizar bolsas de basura o sacos de abono como delantales protectores.

Al menos con dos semanas de retraso, se enviaron varios aviones hasta China y Turquía para que recogieran ese material imprescindible para salvar vidas y no fue tarea fácil, en un mercado enloquecido e inflacionista hubo que pagar de más y por adelantado, lo cual no impidió que algún envío se viera retenido en origen, con un Ministerio de Asuntos Exteriores entregado y derrotista, apenas capaz de dar ni siquiera una explicación plausible. No obstante la máxima responsable del negociado de Exteriores, no tuvo inconveniente en conceder una entrevista a la BBC en la que afirmó sin sonrojo alguno que España estaba siguiendo el modelo coreano y que se "estaban realizando tests masivamente". Nunca se supo cuáles, cuántos ni a quién...
Con tristeza terminamos nuestra cuarta semana de prisión preventiva domiciliaria con dos noticias de las que hielan la sangre a cualquiera. La primera no hizo más que confirmar lo que la mayoría sospechábamos, es decir, que el Gobierno tenía información de la gravedad de la pandemia desde finales de Enero y decidió silenciar dichas advertencias, no sabemos -aunque no es difícil imaginar- por qué turbio motivo. Y la segunda que el recuento oficial había superado los 18000 fallecidos -nosotros sí tenemos respeto por nuestros compatriotas, algo que lamentablemente no pueden decir los medios oficiales que insisten en denominarles con frialdad "muertos"- sin embargo, dicha cifra podría no ser veraz, según se pudo deducir de los datos aportados por las comunidades autónomas. Todo ello sumado a las primeras imágenes publicadas del interior de una de las morgues improvisadas en Madrid, tristes imágenes convenientemente hurtadas a la opinión pública por parte de la prensa oficial, donde la mayor parte de la información diaria versaba sobre el número de curados, las iniciativas vecinales para pasar el día, los actos solidarios y demás expresiones de periodismo hiperprotector, falsario, naíf y flower-power.
Y en realidad todo tiene su lógica, toda situación caótica tiene un orden aunque no se perciba. Hay preguntas y respuestas, que intentaremos abordar en un próximo artículo que dedicaremos a las teorías de la conspiración y a los oscuros intereses que puede haber detrás de la pandemia del COVID-19.
Más información en un artículo anterior









































